Comunicado sobre la ordenanza en la región de Murcia de CATS

Las Entidades abajo firmantes, hacemos llegar este COMUNICADO:
Desde comienzos de 2002 se llevan visitando los lugares de prostitución de calles y carreteras del municipio de Murcia para atender y acompañar a las mujeres que allí ejercen.
Los conflictos de convivencia que surgían en diversos lugares (zona de Carrefour, Cabezo de Torres o barrio de San Andrés) se solucionaban con estrategias basadas en el diálogo entre vecinos, comerciantes y personas que ejercían la prostitución. Gran parte de la solución de estos conflictos se debieron a acciones llevadas a cabo por estas últimas, como limpieza de los espacios donde se encontraban, procurar que los horarios no coincidiesen con los de los centros de enseñanza o evitar contactar con los clientes en espacios cercanos a establecimientos comerciales.
En los últimos meses de 2013, comenzaron a salir en la prensa regional, artículos que hablaban de una prostitución, invisible hasta ese momento, como supuesta causante de los problemas del barrio de El Carmen. Estos artículos y varias reuniones de la concejala de Seguridad Ciudadana (Nuria Fuentes) y con la asociación de vecinos Carmelitana (asociación creada en 2008 siendo la solicitud de la prohibición de la prostitución en el municipio de Murcia uno de sus objetivos), dieron como resultado la creación de la “Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia” que entró en vigor el 9 de noviembre de 2013, pensando que multando a las personas que ejercen prostitución y a los clientes se solucionarían problemas de convivencia intercultural que existían (y siguen existiendo) en este histórico barrio de Murcia, convirtiendo y estigmatizando a las personas que ejercen prostitución como las causantes de unos problemas mucho más complejos.
A los seis meses de la aplicación de la ordenanza se elaboró un informe en el que se analizaban los resultados conseguidos, y las consecuencias que revictimizaron todos los ámbitos de las vidas de las personas, que ejercen prostitución, y sus familias: económico, laboral, administrativo, jurídico, social, familiar, personal y psicológico. Este informe fue pasado al antiguo equipo del Gobierno municipal y al resto de partidos políticos, pero, a pesar de plasmar la triste realidad, no se tomó en cuenta. Y la prostitución continuó, y continúa, a pesar de la ordenanza.
A día de hoy, muchas de las consecuencias narradas en el informe siguen vigentes, pero agravadas enormemente dado que estamos en un período de crisis sanitaria y económica fuertemente provocado por la COVID-19.
Tristemente, a todas las dificultades que ha traído la pandemia, se les suma el aumento acosador de sanciones casi diarias, impuestas por Policía Local desde septiembre de 2020, aumentando el número de sanciones e incluyendo otros espacios del municipio, a los ya citados.
Mediante esta normativa se está criminalizando la pobreza, precarizando aún más las condiciones de vida de las personas que ejercen en el espacio público (que son tres veces más multadas que los clientes), agravando la situación de exclusión social que sufren muchas de ellas.
La acumulación de multas y los importes que suman, hacen que la situación sea insostenible. Ni siquiera pueden acceder a ningún tipo de trabajo regulado (recogida de frutas, almacén, limpieza…) sin el temor a que parte de sus salarios sean embargados.
La penalización impide cualquier investigación policial tendente a evitar la prostitución forzada. El recurso a los agentes de policía, es menos frecuente pues muchas temen tanto su identificación como irregulares, cuando no disponen de permiso de residencia, como su identificación como personas que ejercen la prostitución, con el evidente riesgo de ser, a posteriori, sancionadas conforme a la normativa.
Es importante asegurar que las personas que ejercen prostitución, puedan denunciar cualquier acto delictivo sin que se sientan desamparadas o desprotegidas policial y jurídicamente.
Hay que buscar medidas tendentes a mejorar la calidad de la vida de las personas que quieran abandonar el ejercicio de la prostitución. Esto pasa por medidas sociales, legislativas, de formación y de búsqueda de alternativas laborales que constituyan una opción real para conseguir, quienes lo deseen, el abandono de la actividad.
Las medidas para mejorar la convivencia han de ser construidas dentro de un marco que promueva el diálogo y el entendimiento entre las partes en conflicto, escuchando a todos los grupos afectados y, sobre todo, a las personas que ejercen la prostitución dejando aparcadas las diferencias y la promoción de medidas puramente represivas, con el objetivo de llegar a un consenso en el que se respeten los derechos de todos los ciudadanos
Consideramos que no es ético criminalizar a todo un colectivo, que ejerce una actividad que no es delito. Lo correcto es perseguir solo a quienes realizan actividades ilegales o conductas incívicas.
Los Principios generales de la vigente ordenanza, sostienen en su articulado la necesidad de proteger a las personas que ejercen prostitución y promueve el fomento de acciones positivas dirigidas a estas. Sin embargo, la materialización de la norma se reduce a la aplicación de sanciones a las mismas personas que deberían ser objeto de protección.
Por estos motivos, nos oponemos rotundamente a esta Ordenanza, que promueve una política contra la prostitución basada en la sanción y en la criminalización a las personas y EXIGIMOS:
1º.- Cese inmediato de la imposición de multas a las personas que ejercen prostitución.
2ª.- Condonación de todas las deudas que están impidiendo su integración social.
3ª.- Derogar la ordenanza por ineficaz y por agravar la precariedad y la exclusión social de una población vulnerable.

El Ayuntamiento, y dentro de él los diferentes agentes municipales, pensamos que deberían constituirse en los promotores del diálogo y propiciar el entendimiento entre los ciudadanos.

Comite de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo